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Sistemas electorales y democracia representativa

jueves, 5 de marzo de 2009

Uno de los aspectos que más controversias causan en todos los sistemas democráticos del mundo es la forma en que se eligen a los representantes de los ciudadanos. Es una cuestión de suma importancia, puesto que del procedimiento electoral depende qué estructura institucional surge y qué prácticas políticas se producen.

Así pues, a menudo se debate sobre qué clase de sistema electoral es el más adecuado para lograr instituciones representativas de calidad. Se quiere que sean dinámicas, pero también estables; responsables, pero también plurales. Cuando se habla de las elecciones parlamentarias, se intenta que los diputados tengan un amplio margen al decidir su voto, pero también que éste sea razonablemente previsible para el ciudadano que le vota (si yo voto a un candidato/lista del partido conservador, es porque presupongo que su voto parlamentario coincidirá con el ideario del partido que lo presenta).

Con estos mimbres, se trata de elaborar un régimen electoral con cuyos resultados puedan sentirse identificados los ciudadanos (“legitimidad social”). Cuando hablamos de un “sistema electoral mayoritario” (normalmente) nos referimos a aquel en que el territorio del Estado está dividido en pequeñas circunscripciones que eligen, cada una, un solo representante. Puede hacerse a una o dos vueltas (entre los candidatos más votados), pero lo esencial es que el que tiene más votos, aunque sea sólo uno más, se lleva el escaño y los votantes del otro candidato se quedan sin ninguna clase de representación. Cuando hablamos de “sistema electoral proporcional” nos referimos a aquel sistema en el que cada partido – o agrupación de electores – presenta una lista de candidatos por cada circunscripción (puede ser una única circunscripción o varias), y el número de diputados por partido se eligen en proporción al voto recibido. Éste último es el que tenemos en España.

Es necesario aclarar un par de ideas que a veces se olvidan. Para empezar, el régimen electoral no afecta al modelo de gobierno, aunque haya quien no lo sepa. Existen sistemas parlamentarios donde los diputados se eligen por voto mayoritario (Gran Bretaña), regímenes presidencialistas donde los diputados se eligen por voto mayoritario (Estados Unidos) y regímenes parlamentarios donde los diputados se escogen en voto en lista (Finlandia, Israel o España). Además, la selección de las características de un sistema electoral tiene suma cero: un régimen proporcional automáticamente supone menos libertad de voto para el diputado, puesto que su elección queda vinculada a la lista del partido; un régimen de tipo mayoritario supone automáticamente que las minorías van a tener casi imposible entrar en el parlamento. Ello significa que los sistemas proporcionales estimulan el voto en bloque de los diputados de un mismo partido pero permiten que los minorías entren en el parlamento, mientras que los sistemas mayoritarios tienden a derivar en regímenes ideológicamente poco representativos, pero donde el diputado es mucho más libre al actuar, puesto que su elección se fundamenta en una gran popularidad personal.

Si la pregunta es ¿qué sistema electoral es mejor? La respuesta es sumamente compleja, porque hay múltiples combinaciones y regulaciones, y las distintas variantes tienen vicios y virtudes.

Por mi parte, prefiero un sistema proporcional. Me explico: es cierto que el régimen proporcional reduce la posibilidad de los ciudadanos de controlar a cada uno de los diputados concretos, pero el resultado da cuenta de forma mucho más aproximada de la composición ideológica de la sociedad. El régimen electoral mayoritario parece facilitar el control político de cada diputado por sus electores pero falla en la representación proporcional de las ideas del electorado. CUIDADO: este no es un problema menor. Se entenderá perfectamente con un ejemplo.

En 2005, se celebraron elecciones generales en Gran Bretaña. El resultado resumido es el siguiente:


Es decir, el Partido Laborista, con sólo un 35% de los votos, obtiene el 55% de los escaños (mayoría absoluta). Los conservadores, con un 32% de los votos, se llevan casi un 31% de los diputados. Y los liberal-demócratas, con un 22% de los sufragios, se llevan un mero 9.6%. Queda claro que no parece muy lógico que un partido con el 35% de los votos y que gana por sólo un 3%, se lleve la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios y obtenga 150 diputados más que el segundo.

Pero es que en 2001, el resultado fue aún más radical:


Los laboristas, con apenas un 41% de los votos, se llevaron el 62,5% de los escaños.

Nadie debe olvidar que, en España, el 60% de los escaños significa la posibilidad de aprobar reformas constitucionales.
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Verdadera democracia

sábado, 8 de noviembre de 2008


Un comentarista del post anterior asegura que en España no hay democracia y me hace una serie de preguntas que quiere que le conteste. Accedo con gusto para evitar que sus razonamientos esencialmente falaces le hagan caer en afirmaciones populistas y en el descreimiento hacia la democracia real.

¿Te parece democrático que los políticos metan sus narices en el poder judicial y pongan y quiten a los jueces encargados de juzgarlos?

En Estados Unidos los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente. Nuestro sistema es mejor que el americano. Ello no significa que nuestro sistema sea perfecto o libre de injerencias políticas. Podríamos tener el mejor sistema del mundo, y aún así el poder político se las arreglaría para tratar de meter las narices en el Poder Judicial. Ello no significa que no podamos mejorar nuestro sistema, sino que debemos ser conscientes de que la absoluta neutralidad e independencia judicial son materialmente imposibles. Por lo demás, nuestros jueces son inamovibles, por lo que no es posible "ponerlos y quitarlos" a gusto del Ministerio, tal y como asegura el comentarista. Cualquier práctica corrupta en este sentido, no puede ser más que marginal.

¿Te parece democrático que existan regiones fiscalmente muy privilegiadas?

Lo que no me parece es justo. Justicia y democracia son asuntos distintos. Algo similar sucede en Reino Unido, donde los ingleses se ven perjudicados por no tener un parlamento propio, mientras que los escoceses, galeses y norirlandeses sí los tienen, con sus correspondientes beneficios políticos.

¿Te parece democrático que los ciudadanos no tengan los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional?

Lo cierto es que la situación en EEUU y el Alemania es peor, puesto que cada Estado federado tiene su propio Código Penal. En España las diferencias son esencialmente administrativas y, en algunos casos, civiles. Sinceramente, mi preocupación por el desarrollo autonómico se centra en la Sanidad y la Educación, y no en la distribución de materias administrativas o civiles per se. Si su argumentación es que la autonomía es incompatible con la democracia, está muy equivocado.

¿Te parece democrática una ley electoral que no es proporcional y que hace que los votos de todos los españoles no valgan lo mismo?

Lo cierto es que nuestra ley electoral es mejor que, por ejemplo, la americana. En Estados Unidos existe el criterio mayoritario y algunos Estados pequeños están sobrerrepresentados en cuanto a votos electorales, por no decir la situación del Senado, donde N.Dakota y Nueva York tienen el mismo número de asientos a pesar de la diferencia poblacional.

¿Te parece democrático que no se puedan ejercer derechos fundamentales en muchas partes de España?

Si se ciñe a la situación vasca, no puedo más que darle la razón. Si me habla de "muchas partes", sólo puedo decir que está faltando a la verdad, y encima por interés, lo cual es de dudosa calidad moral.

¿Te parece democrático que se viole sistemáticamente la constitución sin que pase nada?

Esa es una afirmación gratuita. En todos los sistemas constitucionales del mundo existen violaciones del ordenamiento (si no, no harían falta Tribunales Constitucionales o Supremos). Y lo cierto es que no existe en nuestro ordenamiento una corrupción jurisdiccional especialmente mayor a la que hay en otras naciones, así que desconozco de dónde extrae el elemento "sistemático" de las posibles violaciones que se puedan cometer.

¿Te parece democrático que los partidos tomen las decisiones al margen del parlamento, y que los diputados voten siguiendo órdenes de los partidos?

Que los diputados se atengan a las decisiones del partido es, precisamente, lo más democrático. Ello se debe a que nuestro sistema es de voto a una lista cerrada y bloqueada, con lo cual, lo más legítimo para el ciudadano es que los miembros de esa lista cumplan con la labor que le es encomendada, esto es, representar al partido al que pertenecen. Por otra, parte, las listas abiertas y desbloqueadas perfeccionarían la democracia y permitirían el voto disidente, pero dificultarían sobremanera el voto, con lo que muchos ciudadanos tendrían mayores complicaciones al votar. O lo que es lo mismo: ¿es más democrático un sistema de voto complejo, que permite una mayor concreción al expresar el voto, o uno más sencillo, que permite a más ciudadanos votar correctamente?

Critica la "partitocracia", como si la existencia de partidos políticos fuera mala. El problema no es la partitocracia en sí, sino la forma en que los partidos toman las decisiones y las hacen efectivas. La existencia de partidos políticos es buena, y sirven para canalizar la participación política de los ciudadanos en el Estado. Lo malo no es que los partidos negocien y se relacionen entre sí, sino que en la toma de decisiones de éstos no participe la base. O lo que es lo mismo, los partidos son un medio fantástico para estimular la participación de la ciudadanía; para ello hace falta democratizar su funcionamiento, quizá (por qué no) estableciendo una Ley de Partidos que avance en la exigencia del funcionamiento democrático.

Pero más allá de eso, centra su crítica en aspectos concretos y mejorables de nuestro sistema, sin entrar a compararlo con los de nuestras naciones vecinas ni proponer sistemas alternativos que perfeccionasen el funcionamiento democrático. La naturaleza imperfecta del ser humano hace que todas sus creaciones también lo sean, incluyéndose en esto la democracia. Decía Fernando Savater hace unas semanas (y con esto en concreto estoy de acuerdo con él) que toda democracia real tiene su cuota de políticos chorizos y de jueces corruptos, porque es imposible crear un sistema perfectamente blindado contra tales eventualidades. La democracia práctica es, como todo, esencialmente imperfecta. Nuestra obligación como ciudadanos es la de procurar fomentar un sistema mejor, pero las imperfecciones concretas no anulan la existencia de una democracia, tanto formal como material.

Debemos estar prevenidos de aquellos que aseguran que nuestro país no es una verdadera democracia; esta gente sólo trata de deslegitimar el sistema existente con intenciones bastante cuestionables: unos sólo quieren hacerse los rebeldes y molar más; otros quieren hacerse notar; y otros simplemente desprecian la democracia como sistema de gobierno y pretenden extender el descreimiento entre los ciudadanos para beneficiar a sus intereses políticos.

PD: El comentarista en cuestión acabó su comentario diciendo (no sé si en coña o en serio):

Para terminar te diré que no busques mucho, es muy fácil encontrar verdaderas democracias: empieza por EE. UU. y continúa por Reino Unido. Imperfectas, desde luego, pero democracias, sin duda.
Espero que lo expuesto en este post le sirva.

El voto inmigrante y la legitimidad de la democracia.

miércoles, 30 de julio de 2008

La democracia, como sistema de gobierno, tiene una gran ventaja sobre los demás: el gobierno resultante de las urnas tiene la legitimidad que le otorga haber sido respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en ningún país del mundo pueden votar todos y cada uno de los sometidos al poder. Los menores o los extranjeros son los grupos que en la mayor parte de las veces son excluidos del voto. En el primer caso, se les excluye por la falta de madurez política, y en el segundo, se hace por criterios de soberanía nacional. La apariencia de legitimidad se construye sobre la base del respaldo mayoritario. Tal apariencia, lógicamente, se tambalea cuando los grupos excluidos del sufragio aumentan de forma considerable en una sociedad y constituyen una importante minoría. La legitimidad democrática de las elecciones se diluye, porque no ha participado en ellas un importante sector de la población.

Según las últimas estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración, hay en España 4.192.835 ciudadanos extrajeros con residencia legal en nuestro país. De ellos, 1.962.655 son ciudadanos de la Unión Europea y 2.230.180 son ciudadanos extracomunitarios. Otros 1.027.765 son inmigrantes irregulares. En total, los inmigrantes con residencia legal representan casi el 10% de la población total de España. Pagan impuestos y se someten a las leyes igual que cualquier otro ciudadano. En general, la Constitución les garantiza un régimen de derechos y libertades muy similar al de los españoles. Sin embargo, los derechos políticos de los extranjeros están limitados, muy especialmente el derecho a la participación en asuntos públicos, reconocido en el artículo 23. Dicho artículo garantiza a los ciudadanos el derecho al voto activo y pasivo (elegir y ser elegido). En relación él, el artículo 13.2 de la Constitución Española (CE) añade:

Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Cabe destacar que esta regulación fue objeto de una reforma constitucional en 1992 (la única que ha sufrido nuestra Constitución) con motivo del Tratado de Maastricht. Antes de dicha reforma, el artículo 13.2 CE sólo reconocía a los extranjeros el derecho de voto activo, pero no el pasivo.

De los inmigrantes residentes en España, los casi dos millones de ciudadanos europeos pueden votar sólo en las municipales, por existir un tratado que reconoce dicha reciprocidad (es decir, los españoles que residen en aquellos países pueden votar en sus elecciones municipales). De fuera de la Unión, sólo los procedentes de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela pueden votar en las municipales por haber suscrito un Tratado de Amistad con España. Del resto, sólo Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia podrían llegar a cumplir el criterio, porque sus constituciones no prohíben que los extranjeros puedan votar, si bien sus leyes no lo contemplan. El resto de los inmigrantes, o bien proceden de un país no democrático (chinos, pakistaníes) o bien su constitución expresamente prohíbe la participación de los extranjeros (México, Ecuador).

No parece justo que la posibilidad de que un ciudadano --que reside legalmente en nuestro país-- pueda votar dependa del sistema político que existe en su nación de origen. En el mismo momento en que aceptamos que los inmigrantes puedan participar en las elecciones municipales deja de tener sentido hacer distinciones entre unos y otros en función de la reciprocidad. Y si no, ¿cuál es el motivo de que pueda votar un argentino pero no un mexicano? ¿Por qué nuestros vecinos portugueses pueden participar en nuestras elecciones y no puede hacerlo un ecuatoriano? Hacer depender el derecho de voto de los ciudadanos extranjeros de la actitud de su Estado es tanto como culpabilizarlos por tal actitud, cosa que no tiene demasiado sentido: ningún individuo puede ser culpabilizado (ni siquiera moralmente) por la actitud colectiva de una sociedad. Este sinsentido se agudiza en el caso de ciudadanos procedentes de naciones con gobiernos dictatoriales.

La cuestión, a pesar de que ahora se refiera únicamente a las elecciones municipales, tiene un profundo calado, que se irá demostrando conforme crezca la población inmigrante. Con toda lógica, llegará un momento en el que será necesario no sólo permitirles elegir concejales, sino también votar en las elecciones autonómicas y en las generales. Y es que en un sistema democrático, la participación debe hacerse depender principalmente del criterio de sumisión a la ley (los sometidos a la ley deben poder participar en su confección). Cuanta mayor sea la minoría excluida del derecho al voto, menor será la legitimidad de nuestra democracia. Me aventuro a pensar que en el siglo XXI, el concepto de soberanía nacional evolucionará. La famosa frase España para los españoles se convertirá en algo parecido a España para los que vivimos en España. Y para los que vengan, claro.