El derecho de propiedad en el anarco-capitalismo.

Una de las mayores contradicciones del anarco-capitalismo es precisamente que supondría la extinción del derecho de propiedad como derecho fundamental de las personas, por más que los ancapistas se nieguen a reconocerlo.

Pensemos cómo funciona un sistema de anarquista de mercado. No existe Estado. Todos los bienes que podrían ser facilitados por los Poderes Públicos, son ofrecidos por empresas privadas que funcionan con mayor eficiencia. No importa a qué servicio nos refiramos: seguridad, sanidad, educación, tutela judicial... El que sea.

Vamos a hacer un experimento sobre el funcionamiento de un sistema ancapista. Supongamos que un pedazo de terreno es mío. Para defender ese pedazo de terreno de intromisiones ilegítimas en mi derecho de propiedad necesito un servicio de seguridad privada y un servicio de impartición de justicia privado (con jueces y todo) como mínimo. Para garantizar la integridad física de los que vivamos en esa propiedad necesitamos un seguro privado que provea servicio de bomberos y servicios sanitarios. También necesitaré un sistema privado de educación para que mis hijos puedan formarse.

Hasta aquí relativamente fácil si uno tiene dinero. Aceptemos que lo tenemos como punto de partida. Pero la efectividad de un sistema jurídico (y el anarco-capitalista también lo es) se prueba haciendo surgir conflictos entre los individuos. Sólo así podemos descubrir su perdurabilidad como sistema político razonable.
En este tubo de ensayo hipotético, metamos un poco de conflicto. Vamos a empezar por lo más radical. Mi vecino, hombre muy acaudalado, quiere aumentar su propiedad para contruirse una casa mayor de la que ya tiene. Para hacerlo, ambiciona parte de mi terreno y me hace una oferta sobre él. Yo, que adoro mi finca y no la vendería por nada del mundo, rechazo amablemente la oferta. Pero claro, él no acepta un "no" por respuesta y, al no poder alcanzar un acuerdo de voluntades conmigo, decide usar una fuerza militar mercenaria. Contrata a un grupo de soldados mejor armado, mejor entrenado y más numeroso que los que defiende mi hogar.
En esas circunstancias, no le es difícil apoderarse de parte de mi finca por la fuerza sin que mis empleados puedan hacer nada por impedírselo. Decido entonces acudir a los jueces (privados, por supuesto). Dado que no hay Derecho positivo (no hay órganos estatales para legislar), los jueces juzgan según su buen saber y entender en base los principios del "Derecho Natural". El primer problema que se plantea en este caso, es decidir quién tiene la competencia para conocer del litigio... ¿Los jueces empleados en la empresa jurídica pagada por mí o los de la empresa jurídica pagada por mi vecino? No es algo baladí, porque en función de cuál sea la respuesta, los jueces que decidan el caso estarán pagados por mí o por mi vecino. Y todos sabemos que a una empresa siempre le interesa mantener un cliente.

Seamos buenos con los ancaps: supongamos que mi vecino (el que invadió mi finca con una fuerza militar) es lo suficientemente civilizado como para consensuar conmigo un juez pagado por ambos a partes iguales, para que no haya favoritismo (lo cual es discutible, porque si él es más rico que yo, igual el juez está interesado en caerle bien para que le contrate más veces). En este caso, habiendo un juez consensuado, habría más posibilidades de que existiera cierta neutralidad.

Vale, ahora imaginemos que se diera el caso de que el juez falla a mi favor y reconoce que la finca es mía y que según el "Derecho Natural" mi vecino no puede quitarme mi terreno. Ahora es cuando en un sistema jurídico actual tocaría "ejecutar la sentencia". La ejecución puede ser de dos formas:

1) Voluntaria: mi vecino me entrega mi finca y en paz.
2) Forzosa: mi vecino se niega a entregarme la finca.

En ese caso, en un sistema estatista, el juez recurre a las Fuerzas de Seguridad estatales para obligar al condenado a abandonar la propiedad ajena.

Pero claro, en un sistema anarco-capitalista no existen Fuerzas estatales. O lo que es lo mismo: la ejecución forzosa de la sentencia judicial es imposible si no pago a una fuerza militar superior a la de mi vecino que consiga, a través de la violencia, expulsar al intruso. Pero claro, si tuviera esa fuerza militar directamente no habría acudido a un juez. La conclusión que saco es que el cumplimiento de la sentencia depende de la buena voluntad de mi vecino, cosa en la que por cierto, no confío después de que haya llenado mi jardín de soldados mercenarios.

En un sistema ancapista habría, por tanto, una virtual desaparición del derecho de propiedad. Por tanto, es un sistema anti-liberal.