La Reina y nosotros

Con ocasión de las polémicas opiniones de la Reina, aparecidas en el libro de la periodista Pilar Urbano, se ha abierto un curioso debate que en nuestro país no había existido desde... quizá nunca. Hemos tenido durante un par de días a políticos, periodistas y tertulianos cuestionándose la verdadera naturaleza de la institución monárquica, preguntándose dónde empieza la función constitucional o política de la Familia Real y en qué momento se entra en el ámbito de la autonomía individual.

Sin entrar en el fondo de las declaraciones de la Reina, debemos preguntarnos en qué consiste la potestad constitucional, política y social de la Corona y qué límites tiene en un Estado democrático como en nuestro.

En la España que nació después de la Transición, se configuró un régimen que podríamos calificar como "Monarquía democrática" (o "republicana", como dicen algunos profesores de Derecho Constitucional). No somos una" monarquía parlamentaria" como la británica. La explicación de esto es histórica: en una monarquía parlamentaria en sentido estricto, el Monarca conserva poderes de liderazgo político, a pesar de que no los suela utilizar y delegue éstos en un Primer Ministro. Por ello, en las monarquías parlamentarias, el Rey puede negarse a sancionar una ley. Nuestra Constitución dice que España es una monarquía parlamentaria, pero sin embargo no le asigna al Rey más que poderes meramente simbólicos, sin ninguna capacidad formal de influencia política. Por ello, para resolver esta incoherencia, los profesionales del Derecho han optado por entender que los términos "monarquía" y "parlamentaria" deben ser entendidos por separado (es decir, somos una Monarquía y un Estado parlamentario, pero no una "monarquía parlamentaria" en sentido estricto).

Al ser una monarquía democrática, la función de nuestro Rey es meramente simbólica: servir de emblema de la unidad de la Nación, personificación del ordenamiento jurídico y líder supremo de algunas instituciones como las Fuerzas Armadas. Ejerce, por tanto, funciones vacías de poder efectivo: ni puede negarse a sancionar una ley, ni tiene poder de mando en el Ejército.

¿Qué es, por tanto, el Rey? ¿Para qué vale? La figura del Rey es, en nuestra Constitución, la personificación del Estado, un símbolo histórico equiparable a la bandera o al himno nacional. Es por ello que su persona no está sujeta a responsabilidad y es inviolable. Por eso, como símbolo de la Nación española y árbitro de las instituciones, la obligación del Rey es mantenerse neutral (traducido a la vida real, esto significa mantenerse al margen de la vida política; limitándose a decir lo que el Gobierno le ordene cuando actúe como representante del Estado Español en esferas internacionales).

Con la Reina consorte no sucede exactamente lo mismo. La Reina no ejerce ninguna clase de función constitucional directa, salvo lo dispuesto para casos de Regencia, y no es ni irresponsable ni inviolable. Sin embargo, su evidente cercanía al Rey y la gran relevancia social de su puesto obligan a que mantenga la misma actitud que su marido ante las cuestiones políticas. No tendría sentido que el Rey se guardase de opinar sobre los principales asuntos de actualidad y que la Reina se dedicase a apoyar a uno u otro candidato en las elecciones.

Y así llegamos a las controvertidas opiniones de la Reina, que aparecieron reflejadas en el libro (que va camino de best-seller) de Pilar Urbano. Si es cierto, como mantiene la periodista, que la Reina le concedió la entrevista a sabiendas de que tales declaraciones iban a ser publicadas en un libro, la Reina no habría cometido sólo una metedura de pata "social" (por la pérdida de prestigio de la Corona), sino que se habría excedido en sus funciones como Reina consorte de España.

Algunos periodistas y comentaristas (especialmente de la derecha) han dicho que "la Reina tiene derecho a la libertad de expresión". Si bien esto es estrictamente cierto (la Reina es titular de ese derecho), la verdad es que no entra dentro de sus atribuciones simbólicas como consorte expresar públicamente su opinión política sobre asuntos que afecten directamente a la vida de los ciudadanos, de la misma manera un general del Ejército ni puede ni debe expresar sus visiones políticas en público. Cuando alguien ejerce un cargo con una gran fuerza simbólica, debe ser consciente de las limitaciones que ello conlleva.

Para que una institución tradicional tan antidemocrática como la Corona sea compatible con nuestra Democracia liberal, es necesario que quien es miembro de la Familia Real se guarde mucho de participar en política. Porque para tener a un político en la Jefatura del Estado, mucho mejor poder elegirlo.