Los Ayuntamientos de ANV no se pueden disolver en bloque

domingo, 21 de diciembre de 2008


Estos días se ha hablado mucho del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, a raíz de la proposición no de ley de UPyD, por la que se instaba al Gobierno a disolver todos los Ayuntamientos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en bloque. En el debate de esta proposición no de ley, Rosa Díez repitió en varias ocasiones que el Gobierno sólo tenía que usar una herramienta que el Estado de Derecho le otorga, para cumplir con lo señalado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de este año, que ilegalizó a ANV. No obstante, se plantean varios problemas. ¿Realmente tiene el Gobierno la posibilidad de disolver los Ayuntamientos de ANV en bloque? ¿Qué tiene que ver aquí la Sentencia de 22 de septiembre de ilegalización de ANV?

La proposición parlamentaria se centraba en la aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que dispone:

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

Ha repetido Rosa Díez que “la disolución del Ayuntamiento de Marbella se llevó a cabo aplicando analógicamente el artículo 61, porque en él sólo se hace referencia al terrorismo”. Bien, no es cierto. El Ayuntamiento de Marbella se disolvió aplicando directamente el artículo 61.1, que es el tipo genérico para cualquier lesión al interés general. El artículo 61.2 lo que hace es especificar que todos los casos señalados en él (los relativos al terrorismo) se considerarán “gestión gravemente dañosa”, en las mismas condiciones que el artículo anterior.

Bien, ahora quedémonos con el artículo 61.2 (negritas mías):

Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

De aquí podemos deducir que para que el Gobierno pueda disolver una Corporación local hacen falta 3 condiciones:

1º. El Ayuntamiento debe hacer actuado o acordado una disposición a través de sus órganos;
2º. Tal disposición debe haber dado cobertura o apoyo al terrorismo, de forma expresa o tácita;
3º. Tal cobertura o apoyo deben ser reiteradas y graves.

La Ley señala que para poder disolver un Ayuntamiento, éste (el Ayuntamiento) debe haber desarrollado una gestión gravemente dañosa a través de sus actuaciones o acuerdos. No basta que alguno, la mayoría o todos sus concejales apoyen el terrorismo, sino que ese apoyo, debe materializarse en disposiciones del Ayuntamiento que den cobertura o apoyo al terrorismo. Es decir, lo que la ley trata de evitar es que los terroristas usen las Corporaciones municipales como herramientas para desarrollar sus fines ilícitos.

Por tanto, sólo pueden disolverse aquellos Ayuntamientos que hayan sido utilizados como instrumento para tales objetivos criminales y no todos en bloque, como dicen Rosa Díez y UPyD, Por cierto, la Sentencia de ilegalización de ANV es irrelevante a todos estos efectos, porque lo que debe valorarse para disolver un Ayuntamiento es si éste ha actuado atentando contra el interés general, y no si sus miembros apoyan o no el terrorismo.

Ateísmo. Respuesta a Javier Barraca (ABC)

miércoles, 3 de diciembre de 2008

Respuesta a Javier Barraca.

Publica el ABC de hoy una carta de un caballero titulada "Hacia una España oficialmente atea", en la que el lector nos ilustra con una serie de opiniones personales sobre el ateísmo. Asegura, que los ateos hemos creado una "hoguera antirreligiosa" en que el queremos "quemar símbolos tan arraigados como la cruz o la Biblia". Parece indudable que sólo una persona que se niegue a ver la realidad puede pensar que los ateos somos gente violenta. Como si los episodios de violencia religiosa fuesen alguna vez protagonizados por ateos y no por integristas de alguna religión. Además, es ingenuo afirmar que la cruz y la Biblia son símbolos arraigados más allá de las puertas de las casas de los católicos y de sus templos. Sólo un intransigente puede pensar que es lícito imponer los símbolos de la propia religión en edificios oficiales, que son propiedad de lo que debería ser un Estado de todos y para todos.

Debe añadirse que lo dicho por el señor Barraca es una vergonzosa confusión entre los términos "ateísmo" y "laicismo". ¿Queremos los ateos que se eliminen los símbolos religiosos de los edificios oficiales? La mayoría sí lo queremos. Eso nos hace, además de ateos, laicistas. Pero hay más laicistas en España. Algunas comunidades evangelistas y musulmanas se han expresado en este sentido, afirmando su deseo de que ceremonias oficiales como los funerales de Estado no tengan carácter religioso, o que en los centros públicos no aparezca simbología de un credo concreto.

Añade Javier Barraca que "la inquisición atea" desea quemar a las personas religiosas, porque los ateos somos nihilistas, que nos creemos por encima del bien y del mal. Tales declaraciones no sólo rozan la calumnia, sino que además demuestran la supina ignorancia de la que hace gala el caballero. Jamás ha habido una inquisición atea, por mucho que algunos iluminados piensen que las quemas de templos en el pasado fueron por influencia atea, cuando en realidad se trató de simple odio a la Iglesia católica, algo muy alejado de lo que representa el ateísmo aquí y ahora. Para ilustrar su postura, el autor de la carta menciona a Mao y a Stalin como ejemplo de ateos genocidas, olvidando que los motivos que llevaron a tales sujetos a convertirse en asesinos cruentos no fueron precisamente religiosos, sino políticos. Mencionar que Stalin fue ateo, importa tan poco como recordar que Hitler era católico.

Por último, tampoco es cierto que se requiera de fe para ser ateo. Es una estrategia común de los religiosos afirmar tal sinsentido. Sin embargo, la ciencia y las demostraciones empíricas son todo lo necesario para afirmar que es muy improbable la existencia de alguna clase de ente divino, y mucho menos el Dios judeocristiano. Supongo que Javier Barraca no cree en Alá, en Zeus, o en los unicornios. Como dice Dawkins, las personas religiosas creen en un Dios, pero son ateas respecto a todos los demás. Algunos simplemente vamos un Dios más allá.

LEX y el derecho-ficción

sábado, 22 de noviembre de 2008


Antena 3 emite la serie LEX, protagonizada por Javier Cámara, los domingos por la noche. La trama consiste en un bufete de abogados de reconocido prestigio, entre los que destaca Estrada, el personaje de Javier Cámara, que es famoso por su falta de escrúpulos y por montar el pollo cada vez que aparece por el juzgado.

Sin embargo, no se puede decir que la serie hable de nada parecido al derecho. Los errores y gazapos al hablar de delitos, y dar argumentos jurídicos para ganar los juicios,hacen de la serie un despropósito. Los abogados de la serie suelen resolver los casos apelando al sensacionalismo o a la humanidad de los jueces y jurados, pero no suelen centrarse en la verdadera cuestión en la que se basa cada caso.

He oído que los médicos no están muy contentos por House, puesto que aseguran que da una imagen de la Medicina y de la práctica médica que no se corresponde con la realidad, transmitiéndole al espectador la sensación de que los doctores pueden actuar irresponsablemente con total impunidad. Para los médicos, esta clase de series desvinculan al público de la realidad hospitalaria, generando consecuencias negativas: los pacientes no se fían si el doctor no pide las mismas pruebas que ha visto en la tele, o tiene miedo de que el especialista se comporte como el conocido médico gruñón. Algo similar pienso de una serie como LEX. No sólo se explota el estereotipo de que tener un abogado caro sirve para ganar un juicio (es cierto que aumenta las probabilidades de que el juez te dé la razón, pero mucho menos de lo que se suele pensar, y en casos graves se puede apelar al artículo 24 de la Constitución), sino que además, al usar razonamientos totalmente ajenos a la realidad jurídica, es altamente confusa para el público.

He escrito una entrada sobre uno de los casos concretos en el blog Última Instancia, alojado en Lorem Ipsum. Leedlo y me decís. Me parece que esta serie va a darme material para escribir en el futuro.

Primer artículo en Lorem Ipsum

sábado, 15 de noviembre de 2008

Hoy he participado por primera vez en el blog Última Instancia, de Jorge Ramos, en el Club Lorem Ipsum. Se trata de una entrada llamada "Matrimonio, homosexualidad y Constitución", en la que expongo mi visión de la institución jurídica del matrimonio.

Lamento haber tardado tanto en escribir la primera entrada desde que se anunciase mi inclusión hace más de un mes, pero la universidad, la obligación de actualizar mi blog personal, la necesidad de leer jurisprudencia para escribir esa entrada y un poco de pereza se han combinado para retrasar mi primer artículo. Espero que sepan perdonarme en Lorem Ipsum.

Verdadera democracia

sábado, 8 de noviembre de 2008


Un comentarista del post anterior asegura que en España no hay democracia y me hace una serie de preguntas que quiere que le conteste. Accedo con gusto para evitar que sus razonamientos esencialmente falaces le hagan caer en afirmaciones populistas y en el descreimiento hacia la democracia real.

¿Te parece democrático que los políticos metan sus narices en el poder judicial y pongan y quiten a los jueces encargados de juzgarlos?

En Estados Unidos los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente. Nuestro sistema es mejor que el americano. Ello no significa que nuestro sistema sea perfecto o libre de injerencias políticas. Podríamos tener el mejor sistema del mundo, y aún así el poder político se las arreglaría para tratar de meter las narices en el Poder Judicial. Ello no significa que no podamos mejorar nuestro sistema, sino que debemos ser conscientes de que la absoluta neutralidad e independencia judicial son materialmente imposibles. Por lo demás, nuestros jueces son inamovibles, por lo que no es posible "ponerlos y quitarlos" a gusto del Ministerio, tal y como asegura el comentarista. Cualquier práctica corrupta en este sentido, no puede ser más que marginal.

¿Te parece democrático que existan regiones fiscalmente muy privilegiadas?

Lo que no me parece es justo. Justicia y democracia son asuntos distintos. Algo similar sucede en Reino Unido, donde los ingleses se ven perjudicados por no tener un parlamento propio, mientras que los escoceses, galeses y norirlandeses sí los tienen, con sus correspondientes beneficios políticos.

¿Te parece democrático que los ciudadanos no tengan los mismos derechos y deberes en todo el territorio nacional?

Lo cierto es que la situación en EEUU y el Alemania es peor, puesto que cada Estado federado tiene su propio Código Penal. En España las diferencias son esencialmente administrativas y, en algunos casos, civiles. Sinceramente, mi preocupación por el desarrollo autonómico se centra en la Sanidad y la Educación, y no en la distribución de materias administrativas o civiles per se. Si su argumentación es que la autonomía es incompatible con la democracia, está muy equivocado.

¿Te parece democrática una ley electoral que no es proporcional y que hace que los votos de todos los españoles no valgan lo mismo?

Lo cierto es que nuestra ley electoral es mejor que, por ejemplo, la americana. En Estados Unidos existe el criterio mayoritario y algunos Estados pequeños están sobrerrepresentados en cuanto a votos electorales, por no decir la situación del Senado, donde N.Dakota y Nueva York tienen el mismo número de asientos a pesar de la diferencia poblacional.

¿Te parece democrático que no se puedan ejercer derechos fundamentales en muchas partes de España?

Si se ciñe a la situación vasca, no puedo más que darle la razón. Si me habla de "muchas partes", sólo puedo decir que está faltando a la verdad, y encima por interés, lo cual es de dudosa calidad moral.

¿Te parece democrático que se viole sistemáticamente la constitución sin que pase nada?

Esa es una afirmación gratuita. En todos los sistemas constitucionales del mundo existen violaciones del ordenamiento (si no, no harían falta Tribunales Constitucionales o Supremos). Y lo cierto es que no existe en nuestro ordenamiento una corrupción jurisdiccional especialmente mayor a la que hay en otras naciones, así que desconozco de dónde extrae el elemento "sistemático" de las posibles violaciones que se puedan cometer.

¿Te parece democrático que los partidos tomen las decisiones al margen del parlamento, y que los diputados voten siguiendo órdenes de los partidos?

Que los diputados se atengan a las decisiones del partido es, precisamente, lo más democrático. Ello se debe a que nuestro sistema es de voto a una lista cerrada y bloqueada, con lo cual, lo más legítimo para el ciudadano es que los miembros de esa lista cumplan con la labor que le es encomendada, esto es, representar al partido al que pertenecen. Por otra, parte, las listas abiertas y desbloqueadas perfeccionarían la democracia y permitirían el voto disidente, pero dificultarían sobremanera el voto, con lo que muchos ciudadanos tendrían mayores complicaciones al votar. O lo que es lo mismo: ¿es más democrático un sistema de voto complejo, que permite una mayor concreción al expresar el voto, o uno más sencillo, que permite a más ciudadanos votar correctamente?

Critica la "partitocracia", como si la existencia de partidos políticos fuera mala. El problema no es la partitocracia en sí, sino la forma en que los partidos toman las decisiones y las hacen efectivas. La existencia de partidos políticos es buena, y sirven para canalizar la participación política de los ciudadanos en el Estado. Lo malo no es que los partidos negocien y se relacionen entre sí, sino que en la toma de decisiones de éstos no participe la base. O lo que es lo mismo, los partidos son un medio fantástico para estimular la participación de la ciudadanía; para ello hace falta democratizar su funcionamiento, quizá (por qué no) estableciendo una Ley de Partidos que avance en la exigencia del funcionamiento democrático.

Pero más allá de eso, centra su crítica en aspectos concretos y mejorables de nuestro sistema, sin entrar a compararlo con los de nuestras naciones vecinas ni proponer sistemas alternativos que perfeccionasen el funcionamiento democrático. La naturaleza imperfecta del ser humano hace que todas sus creaciones también lo sean, incluyéndose en esto la democracia. Decía Fernando Savater hace unas semanas (y con esto en concreto estoy de acuerdo con él) que toda democracia real tiene su cuota de políticos chorizos y de jueces corruptos, porque es imposible crear un sistema perfectamente blindado contra tales eventualidades. La democracia práctica es, como todo, esencialmente imperfecta. Nuestra obligación como ciudadanos es la de procurar fomentar un sistema mejor, pero las imperfecciones concretas no anulan la existencia de una democracia, tanto formal como material.

Debemos estar prevenidos de aquellos que aseguran que nuestro país no es una verdadera democracia; esta gente sólo trata de deslegitimar el sistema existente con intenciones bastante cuestionables: unos sólo quieren hacerse los rebeldes y molar más; otros quieren hacerse notar; y otros simplemente desprecian la democracia como sistema de gobierno y pretenden extender el descreimiento entre los ciudadanos para beneficiar a sus intereses políticos.

PD: El comentarista en cuestión acabó su comentario diciendo (no sé si en coña o en serio):

Para terminar te diré que no busques mucho, es muy fácil encontrar verdaderas democracias: empieza por EE. UU. y continúa por Reino Unido. Imperfectas, desde luego, pero democracias, sin duda.
Espero que lo expuesto en este post le sirva.

La Reina y nosotros

sábado, 1 de noviembre de 2008


Con ocasión de las polémicas opiniones de la Reina, aparecidas en el libro de la periodista Pilar Urbano, se ha abierto un curioso debate que en nuestro país no había existido desde... quizá nunca. Hemos tenido durante un par de días a políticos, periodistas y tertulianos cuestionándose la verdadera naturaleza de la institución monárquica, preguntándose dónde empieza la función constitucional o política de la Familia Real y en qué momento se entra en el ámbito de la autonomía individual.

Sin entrar en el fondo de las declaraciones de la Reina, debemos preguntarnos en qué consiste la potestad constitucional, política y social de la Corona y qué límites tiene en un Estado democrático como en nuestro.

En la España que nació después de la Transición, se configuró un régimen que podríamos calificar como "Monarquía democrática" (o "republicana", como dicen algunos profesores de Derecho Constitucional). No somos una" monarquía parlamentaria" como la británica. La explicación de esto es histórica: en una monarquía parlamentaria en sentido estricto, el Monarca conserva poderes de liderazgo político, a pesar de que no los suela utilizar y delegue éstos en un Primer Ministro. Por ello, en las monarquías parlamentarias, el Rey puede negarse a sancionar una ley. Nuestra Constitución dice que España es una monarquía parlamentaria, pero sin embargo no le asigna al Rey más que poderes meramente simbólicos, sin ninguna capacidad formal de influencia política. Por ello, para resolver esta incoherencia, los profesionales del Derecho han optado por entender que los términos "monarquía" y "parlamentaria" deben ser entendidos por separado (es decir, somos una Monarquía y un Estado parlamentario, pero no una "monarquía parlamentaria" en sentido estricto).

Al ser una monarquía democrática, la función de nuestro Rey es meramente simbólica: servir de emblema de la unidad de la Nación, personificación del ordenamiento jurídico y líder supremo de algunas instituciones como las Fuerzas Armadas. Ejerce, por tanto, funciones vacías de poder efectivo: ni puede negarse a sancionar una ley, ni tiene poder de mando en el Ejército.

¿Qué es, por tanto, el Rey? ¿Para qué vale? La figura del Rey es, en nuestra Constitución, la personificación del Estado, un símbolo histórico equiparable a la bandera o al himno nacional. Es por ello que su persona no está sujeta a responsabilidad y es inviolable. Por eso, como símbolo de la Nación española y árbitro de las instituciones, la obligación del Rey es mantenerse neutral (traducido a la vida real, esto significa mantenerse al margen de la vida política; limitándose a decir lo que el Gobierno le ordene cuando actúe como representante del Estado Español en esferas internacionales).

Con la Reina consorte no sucede exactamente lo mismo. La Reina no ejerce ninguna clase de función constitucional directa, salvo lo dispuesto para casos de Regencia, y no es ni irresponsable ni inviolable. Sin embargo, su evidente cercanía al Rey y la gran relevancia social de su puesto obligan a que mantenga la misma actitud que su marido ante las cuestiones políticas. No tendría sentido que el Rey se guardase de opinar sobre los principales asuntos de actualidad y que la Reina se dedicase a apoyar a uno u otro candidato en las elecciones.

Y así llegamos a las controvertidas opiniones de la Reina, que aparecieron reflejadas en el libro (que va camino de best-seller) de Pilar Urbano. Si es cierto, como mantiene la periodista, que la Reina le concedió la entrevista a sabiendas de que tales declaraciones iban a ser publicadas en un libro, la Reina no habría cometido sólo una metedura de pata "social" (por la pérdida de prestigio de la Corona), sino que se habría excedido en sus funciones como Reina consorte de España.

Algunos periodistas y comentaristas (especialmente de la derecha) han dicho que "la Reina tiene derecho a la libertad de expresión". Si bien esto es estrictamente cierto (la Reina es titular de ese derecho), la verdad es que no entra dentro de sus atribuciones simbólicas como consorte expresar públicamente su opinión política sobre asuntos que afecten directamente a la vida de los ciudadanos, de la misma manera un general del Ejército ni puede ni debe expresar sus visiones políticas en público. Cuando alguien ejerce un cargo con una gran fuerza simbólica, debe ser consciente de las limitaciones que ello conlleva.

Para que una institución tradicional tan antidemocrática como la Corona sea compatible con nuestra Democracia liberal, es necesario que quien es miembro de la Familia Real se guarde mucho de participar en política. Porque para tener a un político en la Jefatura del Estado, mucho mejor poder elegirlo.

Una rectificación sobre la aconfesionalidad del Estado

viernes, 17 de octubre de 2008


El 7 de junio de este año, Adrián Serrano escribió en su blog una entrada en la que se criticaba al alcalde de Morón de la Frontera por haber convertido a la Virgen María Auxiliadora en "alcaldesa honoraria" del pueblo. En los comentarios se inició una discusión con tintes jurídicos y políticos sobre la constitucionalidad de tal medida. Yo sostuve que la medida era inconstitucional asegurando que la designación de una virgen como representación de un municipio suponía la promoción pública de una determinada confesión religiosa, lo cual implicaba violar de facto la aconfesionalidad del Estado que impone el artículo 16.3 CE (por obligar al ciudadano a acatar y respetar ese símbolo).

Pues bien, mi argumento era erróneo porque malinterpreté el verdadero significado del artículo 16.3 de la Constitución. En ese precepto, la Carta Magna establece el principio de aconfesionalidad o laicidad positiva de los poderes públicos, es decir, instituye un principio de neutralidad del Estado en materia religiosa. A la vez, el mismo artículo impone al Estado la obligación de tener en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos españoles, para así mantener las correspondientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, con el objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad religiosa en base al principio de Estado social. O lo que es lo mismo: como vivimos en un Estado social, los poderes públicos pueden adoptar medidas que faciliten positivamente el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos. Como ejemplo claro tenemos la existencia de un Cuerpo Eclesiástico en las Fuerzas Armadas.

Así entendido el artículo 16.3, el Tribunal Constitucional ha definido nuestra laicidad positiva como la prohibición de que "los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos", vedando "cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas o estatales" y otorgándole al ciudadano una "inmunidad plena" frente a la actuación del Estado (Sentencias del TC 24/1982, Fundamento Jurídico 1º, y 177/1996, Fundamento Jurídico 9º). Dicho de una forma más clara: el Estado no puede imponer obligaciones a los ciudadanos basándose en criterios religiosos.

En este sentido, la designación de la Virgen María Auxiliadora no supone la imposición de ninguna clase de obligación a los ciudadanos (por mucho que yo creyera pensar que sí), así que la decisión del gobierno municipal tiene únicamente un alcance simbólico, equivalente al que tiene la bandera autonómica del Principado de Asturias (que tiene una cruz cristiana en el centro).

Por supuesto, que yo no tuviese razón no implica automáticamente que mi interlocutor en aquella discusión sí la tuviera: el hecho de que una medida sea respaldada por una mayoría de los ciudadanos no justifica una lesión de un derecho fundamental. Si la medida adoptada por el Ayuntamiento, en vez de nombrar a la Virgen alcaldesa honoraria, hubiese sido la de obligar a los miembros de la Policía Local a acudir a una procesión religiosa, la medida sí habría sido contraria a la Constitución.


Llegan los NeoProgs

martes, 14 de octubre de 2008


Y yo soy uno de ellos.

¿Qué son los neoprogresistas? Son aquellos izquierdistas que rechazan el mensaje anticapitalista y reconocen la economía de mercado como el mejor sistema para lograr el progreso y el bienestar social. Son aquellos que aun afirmando las bondades del libre mercado, son capaces de reconocer en él sus fallos y articular una intervención pública adecuada. Los neoprogs son, por tanto, la izquierda racionalista liberal.

Y ahora tenemos web. Os animo a visitarla y echar un vistazo a los magníficos blogs que tengo por compañeros. Tampoco perdáis detalle de secciones como Los dos minutos de Odio o Mundo exterior. Nos guardamos una sección para el futuro, que pretendemos no deje indiferente a nadie. Todo el trabajo de creación de la web es mérito de Judas, autor de El Destino del Iscariote. Me quito el sombrero.

NeoProgs.com es más que un agregador; es un proyecto ambicioso que quiere influir en el pensamiento tradicional de la izquierda, para hacer que ésta sirva a sus objetivos originales: convertir a ésta en una sociedad mejor. Empezamos.

La guerra de las palabras: Capitalismo

martes, 7 de octubre de 2008


La palabra es sin duda la principal arma que tienen las personas en una sociedad democrática libre. La libertad de expresión nos permite trasladar a los demás nuestra visión del mundo, nuestras ideas, nuestros sentimientos y, a la vez, generar en otros sensaciones o pensamientos que les empujen a cambiar de postura en un campo concreto o en toda su visión del mundo. Son las palabras las grandes armas de la democracia. Y es por eso que en torno a ellas existe, desde siempre, una guerra terminológica. No me refiero aquí a las largas discusiones doctrinales sobre vocabulario técnico que caracterizan al estudio del Derecho, de la Filosofía u otras ramas de las Ciencias Sociales, no. Me refiero a la guerra política, a la batalla de las ideas, que empuja a los que en ella combaten a cambiar el significado de los vocablos, a fin de valerse de la carga positiva que puede contener un determinado término, excluyendo otros que pudiesen tener un trasfondo impopular.

Comprender la existencia de esta práctica es imprescindible para evaluar racionalmente las distintas propuestas políticas que nos puedan hacer. Existe siempre el peligro de quedarse con lo superficial, con el mensaje concreto que nos lancen, sin valorar qué ideas se esconden realmente tras unas palabras bonitas y convincentes.

Si hay tres palabras que han sido objeto de especial manipulación política, estas son "capitalismo", "fascismo" y "vida".

1. Capitalismo

El mal entendimiento de lo que es un régimen capitalista ha provocado que, en la inmensa mayoría de los casos, este término sea empleado con una indudable carga negativa. Probablemente, este rechazo popular se debe a la influencia del movimiento obrero y la petrificación en la cociencia social de sinonimias como la que identifica a los "capitalistas" con los empresarios, olvidando el importantísimo papel de los trabajadores en un sistema de libre mercado.

Recientemente, Naomi Klein, una de esas escritoras mediáticas que ganan dinero escribiendo libros contra el sistema, publicó su libro The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, en el que la autora defiende sin ningún tipo de complejo la relación que existe entre el capitalismo y las crisis socio-económicas. La tesis de Klein afirma que el libre mercado es un sistema cruel, que aprovecha las catástrofes o "shocks" para ir concentrando el poder poco a poco en manos de unos pocos. La autora añade que estas crisis pueden ser reales o prefabricadas, de tal forma que los propios poderosos pueden diseñar con tiralíneas un "shock" que lleve al pueblo a convertirse en borreguitos dispuestos a dejarse guiar por los líderes. La autora nos asegura que esas crisis serían utilizadas para empujar a los ciudadanos a aceptar políticas "liberales" (ella las llama así) que favorecen a unos cuantos empresarios y que en otras circunstancias la gente no aceptaría. Para ello, la autora realiza un ejercicio de cherry-picking, seleccionando algunos acontecimientos que favorecen su visión, excluyendo los que no le interesan, y falseando algunos sucesos (afirma que la crisis política rusa de 1993 no fue más que un conflicto entre neoliberales y demócratas; también asegura que Milton Friedman apoyó la guerra de Iraq, algo objetivamente falso).

Toda la tesis anterior, además de pecar de una temeraria simplicidad, se fundamenta en un terrible error de base: Naomi Klein no sabe que si se produce una injerencia del Estado para favorecer a un sector del empresariado, no estamos ya ante un capitalismo de libre mercado, sino ante un sistema de corte corporativista. Klein ha criticado recientemente el plan de rescate ideado por la Administración americana, afirmando que Bush ha creado un "capitalismo sin riesgos" para proteger a los empresarios. En una entrevista en el programa humorístico de Stephen Colbert, el cómico insinuó irónicamente que era contradictorio criticar al capitalismo y luego sacar al mercado libros con un marcado interés comercial. Klein respondió que ella "competía en el libre mercado", mientras que Bush ha eliminado los riesgos.

Sospecho que o bien Klein no sabe de qué habla cuando dice "capitalismo", o bien está utilizando el término con un mero interés económico, aprovechando el rechazo que provoca en la gente el término, para criticarlo sin piedad. Todo lo que favorece a los ricos y poderosos y perjudica a la gente humilde es "capitalismo".

+info de este tema:
The Klein Doctrine, The Rise of Disaster Polemics, Johan Norberg
Free-marketeering, Stephen Holmes
Shock Jock, Tyler Cowen

De la hiperrealidad y la libertad de prensa

viernes, 3 de octubre de 2008


Hace unos días, me llegó de Geógrafo Subjetivo un meme que tiene como origen la Semana del Libro Prohibido (que pretende ser una denuncia de las aún existentes listas de libros proscritos). El meme consiste en pedirle al autor del blog que seleccione un libro que prohibiría y otro que salvaría. Debe comprenderse, por tanto, que el hecho de seleccionar un libro que debería estar prohibido tiene un indudable cariz satírico, y nunca una voluntad real de que el libro sea tirado a una hoguera. Así pues, al seleccionar el libro "prohibido", debemos escoger aquel que rechacemos profundamente, y al elegir un libro para ser salvado, uno que consideremos indispensable.

Comenzando por el libro rechazable, creo que el mejor candidato para ostentar ese título es, sin duda alguna, La Precesión de los Simulacros, un pequeño ensayo del postmodernista Jean Baudrillard que en nuestro país se publicó en 1978 por la Editorial Kairós dentro de un libro titulado Cultura y Simulacro (que contiene otros ensayos del mismo autor). Baudrillard nos habla en este libro de la hiperrealidad. ¿Qué es la hiperrealidad? El autor la define como el simulacro de algo que nunca ha existido. En tiempos pasados, pretendíamos crear símbolos que representasen aspectos de la realidad. Así, teníamos mapas, estatuas, conceptos...

Sin embargo, el autor argumenta que llegado un determinado punto, esos símbolos pasaron primero a representar la realidad de una forma inadecuada, luego a enmascarar la realidad, y por último a sustituir a la propia realidad. Al llegar a este último punto, los símbolos se entremezclan con lo "verdadero", alterando la forma en que nuestro cerebro percibe lo que le rodea. Los signos se parecen tanto a lo real, que no hay forma objetiva de distinguirlo, y nuestros sentidos ya no son suficientemente fiables. Por ello, Baudrillard rechaza el conocimiento científico:

Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. [...] "Aquel que finge una enfermedad puede sencillamente meterse en la cama y hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una enfermedad aparenta tener algunos síntomas de ella" (Littré) [...] El que simula, ¿está o no está enfermo contando con que ostenta "verdaderos" síntomas? Objetivamente, no se le puede tratar ni como enfermo ni como no-enfermo. La psicología y la medicina se detienen ahí, frente a una verdad de la enfermedad inencontrable en lo sucesivo.

[...]

[Hablando de los Tasaday y de la decisión inicial de los etnólogos de dar un margen de autonomía a la tribu para no interferir en sus relaciones sociales:] la evolución lógica de la ciencia consiste en alejarse cada vez más de su objeto hasta llegar a prescindir de él: tal autonomía es una fantasía más y afecta en realidad a su forma pura.


Pasa entonces el autor a relatarnos algunos ejemplos que supuestamente apoyan su visión: el caso de los Tasaday, Disneylandia, el Watergate, los atentados simulados en Italia durante la guerra fría, la telerrealidad, la coexistencia pacífica, la guerra de Vietnam... Todos estos episodios no son más que simulaciones. El Watergate, por ejemplo, fue una trampa del sistema contra sus enemigos, puesto que con él, el sistema político americano pudo iniciar un período de regeneración (también simulada, por supuesto) que alivió las crecientes críticas. De esta manera, la izquierda habría hecho el trabajo de la derecha: pidió la dimisión de Nixon, y éste lo hizo, consiguiendo así la sensación de que "El Sistema Funciona", que tanto le conviene.

Por ello, afirma Baudrillard que el sistema neutraliza e inutiliza a sus propias fuerzas y con ello excluye la posibilidad de que éstas exploten, pero hace que éstas se conviertan en un "elemento implosivo".

Sobra señalar el irracionalismo que impregna toda la obra, toda la conspiranoia que contiene, y que ha servido como base intelectual de todas aquellas visiones que afirman que "todo lo que vemos no es real, nuestro mundo está dominado por poderes ocultos que dirigen la historia y que nos esconden la verdad, haciendo de la democracia y la política institucional un mero artificio para anular nuestra voluntad" (el cine ha explotado esta idea: ejemplo 1, ejemplo 2).

Pienso que las mentiras más peligrosas son las "medias verdades", porque son más susceptibles de ser creídas. La obra de Baudrillard logra ser atractiva para el público porque refleja algunos aspectos de la realidad, pero exagerándolos de tal modo que genera en el lector la impresión de que todo lo que vemos es simulación. Esto lleva irremisiblemente a comportamientos irracionales que rechazan la cognoscibilidad de lo existente, ridiculizando por tanto también la ciencia o la política progresista parlamentaria (si nada es real, ¿para qué vamos a luchar para paliar las injusticias?).

En cuanto al libro que desearía salvar, me limitaré a señalar un pequeño texto de George Orwell titulado "La libertad de prensa", que sirvió como prólogo a su obra Rebelión en la granja. Salvaría el libro entero, pero quiero quedarme exclusivamente con el prólogo para señalar la importancia de sus palabras, en las que aduce que una de las más peligrosas desnaturalizaciones de la libertad de prensa es, no ya la censura gubernamental, sino la autocensura intelectual, que aparece cuando los periodistas se dejan llevar por los sentimientos de la sociedad y se abstienen de publicar opiniones que cuestionen la idoneidad de los mismos.

Aclaraciones sobre las armas de fuego

lunes, 29 de septiembre de 2008


Hace unos días hablé sobre el derecho a portar armas, expresando la necesidad de regularlo desde una perspectiva sociológica. Traté de evitar entrar en otras consideraciones (jurídicas, políticas...) por simple higiene argumentativa. Sin embargo, uno de los comentaristas se empeñó en exigirme que diera respuesta a una serie de argumentos que él consideraba que no habían sido refutados por mi artículo (ver hilo aquí). Por ello, y para que quede constancia, voy a hacer algunas reflexiones sobre ellos.

Sus cinco argumentos son:

1. Paranoicos y fanáticos prohibicionistas "sienten" una amenaza "no real"
2. Estadísticas que explican que disuadir a un delincuente con un arma de fuego casi nunca acaba con heridos o muertos.
3. Estadísticas que avalan la reducción de delitos en los estados donde se permite portar armas para defensa propia.
4. La violación del derecho a defender tu propiedad y/o el reconocimiento de ese derecho sólo a determinados colectivos en base a probabilidades.
5. La coherencia de eliminar todo aquello susceptible de provocar muerte por accidente: desde piscinas a aviones pasando por cáscaras de plátano. Y la coherencia de eliminar todo aquello que nos aususta o vemos como una supuesta amenaza para nosotros (como las biciletas en Barcelona).

Vamos a analizar uno a uno.

1. Paranoicos y fanáticos prohibicionistas "sienten" una amenaza "no real"

Los conflictos de acción colectiva son aquellas situaciones en las que, al querer todos los miembros de un colectivo alcanzar una situación privilegiada, lo único que logran es encontrarse en una situación comparativamente inferior. Esto se debe a que la situación privilegia a la que pretenden acceder sólo puede ser ocupada por un número reducido de ellos. O lo que es lo mismo: para que las armas de fuego proporcionen seguridad, lo mejor es que yo pueda tener una y mis potenciales agresores no. Si todos (tanto yo como mis potenciales agresores --todos los demás, puesto que yo a priori no puedo saber si mi vecino es un modélico ciudadano o un personaje agresivo--) podemos acceder a las armas de fuego, ninguno podrá ocupar esa situacion de privilegio de la que acabo de hablar.

Si hay restricciones, yo sé que mis potenciales agresores lo tendrán más difícil para adquirir un arma puesto que la tenencia ilegal de armas está castigada por el Derecho Penal. Esa circunstancia es lo suficientemente desincentivadora como para que la mayor parte de los potenciales delincuentes desistan de la posibilidad de adquirir una pistola en el mercado negro. ¿Y qué sucede, sin embargo, cuando sé que mis potenciales enemigos pueden acceder sin restricciones a armamento de fuego? En ese caso, soy consciente de que no hay ninguna barrera que desincentive la adquisición de una pistola y que mi estatus general de seguridad personal disminuye. Para contrarrestar este descenso de seguridad, me veo empujado a adquirir un arma.

Si tanto yo como mis potenciales agresores tenemos armamento de fuego, el nivel de seguridad general es menor que el que existiría en caso de que ni yo ni mis potenciales agresores tuviéramos via libre para obtener una pistola.


2. Estadísticas que explican que disuadir a un delincuente con un arma de fuego casi nunca acaba con heridos o muertos.

El comentarista me aduce que existen estadísticas que demuestran que las armas son útiles para disuadir al delincuente:

[...] escribe Joaquin Santiago en Asturias Liberal, "[la tenencia de armas] reduce la incidencia de asesinatos y homicidios en un 7,7%, asaltos violentos en un 7,0%, violación en un 5,3%. Centrándonos en la primera estadística, si se hubiera extendido dicha legislación al conjunto de la nación se habrían salvado en 1992 1.410 vidas."

Ya he explicado que en nuestro país, los profesionales de empleos que son blanco habitual de la delincuencia (especialmente joyeros o investigadores privados) sí tienen derecho a la tenencia de armas. El razonamiento seguido para permitir esto es el que ya he expresado en el artículo anterior: mientras que la población en general tiene un nivel de seguridad elevado (las situaciones en las que un ciudadano tiene que enfrentar una amenaza son excepcionales), los joyeros son blanco habitual de la delincuencia. Esto es, su nivel general de seguridad es mucho más bajo que el de un ciudadano normal. En aquellos contextos donde un individuo es blanco habitual de la delincuencia, las armas de fuego personales sí pueden ser efectivas. En esos casos, permitir que un joyero tenga un arma contribuye a la seguridad colectiva, puesto que desincentiva los atracos --nunca he negado eso--, sin generar el grave riesgo para la seguridad que supondría que todos pudiéramos ir armados.

Teniendo esto presente, debe señalarse que las estadísticas que alega el comentarista se refieren exclusivamente a los casos en los que las víctimas estaban legalmente autorizadas para portar armas. Es decir: eran joyeros, detectives privados, víctimas del terrorismo u otros ciudadanos que se enfrentan a una amenaza criminal potencialmente mayor que la del resto de ciudadanos. Sin embargo, el articulista citado asegura que si se hubiese extendido la posibilidad de portar armas al resto de la ciudadanía, se habrían salvado más vidas. Ese razonamiento es erróneo, puesto que:

  • a) Olvida el efecto "carrera armamentística" que se produce cuando todos los ciudadanos tienen acceso libre a las armas de fuego;

  • b) No toma en consideración que la estadística refleja casos en los que la víctima es blanco habitual de la delincuencia y, por tanto, en su caso, la posesión de un arma de fuego sí es efectiva.

3. Estadísticas que avalan la reducción de delitos en los estados donde se permite portar armas para defensa propia.

El comentarista no señala ninguna estadística concreta, con lo que me veo obligado a creerme su palabra. Supongamos que lo que dice es cierto y hay estados en los que se permite portar armas y la tasa de delincuencia es menor (es muy probable que eso suceda en más de un sitio). El problema de su argumento es que emplea una falacia lógica conocida con el nombre de cum hoc ergo propter hoc: el hecho de que dos sucedos concurran a la vez o de forma subsiguiente no permite asegurar que exista relación causal entre ellos. Un ejemplo de falacia cum hoc ergo propter hoc sería:

Las Comunidades Autónomas donde hay más inmigrantes tienen más delincuencia, por lo que es la inmigración la que genera dicha delincuencia.

Esta afirmación es falaz porque interpreta que hay una relación causal entre dos sucesos que sólo están ligados indirectamente: la delincuencia se ve incentivada por contextos sociales de pobreza. Los inmigrantes a menudo son también pobres, por lo que se son más propensos a delinquir. Pero no es la inmigración lo que hace aumentar la delincuencia, sino la pobreza.

De la misma manera, el hecho de que algunos Estados tengan tasas inferiores de delincuencia a pesar de que esté permitido el porte de armas de fuego, puede deberse a condicionantes socio-culturales (hay poca cultura del delito) o socio-económicos (hay menos pobreza y, por tanto, menos ciudadanos propensos a delinquir). Así pues, en Finlandia, las tasas de delincuencia son inferiores pese a estar laxamente regulada la posesión y porte de armas.

Ni siquiera aunque la reducción de la delincuencia se produjera tras un cambio de legislación que permitiese portar armas, podríamos afirmar que la primera se debe a lo segundo. Este podría ser el caso de aquellos Estados donde se declarase una "guerra contra la delincuencia", que motivase la legalización de la tenencia de pistolas y un aumento del número de agentes de policía y jueces. ¿Se debe la reducción de la delincuencia a que ahora es posible portar armas, o a que la posibilidad de ser pillado por la policía y procesado en poco tiempo es mucho mayor?


4. La violación del derecho a defender tu propiedad y/o el reconocimiento de ese derecho sólo a determinados colectivos en base a probabilidades.

Hablemos de Derecho. Existe el derecho a defenderse de las agresiones ilegítimas contra los derechos propios o ajenos. Esta facultad implica que tenemos derecho a protegernos por los medios necesarios que tengamos a nuestro alcance de los ataques ilícitos. Pero este derecho no incluye la posibilidad de portar armas de todo tipo, en todo momento o en todo lugar. Así pues, negar la posibilidad de portar una pistola por la calle no viola el derecho a defenderse.

Centrado el objeto y contenido del derecho a defenderse de las agresiones ilegítimas, cabe regularlo en base a las estadísticas. Hablar de "estadísticas" es tanto como hablar de "realidad". Si no regulásemos los derechos con base a la realidad, podríamos encontrarnos con que un ciudadano podría reclamar su derecho a poseer armamento antiaéreo por si le atacan los alienígenas y no podríamos negárselo.


5. La coherencia de eliminar todo aquello susceptible de provocar muerte por accidente: desde piscinas a aviones pasando por cáscaras de plátano. Y la coherencia de eliminar todo aquello que nos aususta o vemos como una supuesta amenaza para nosotros (como las biciletas en Barcelona).

Comete aquí el comentarista la falacia de la reductio ad ridículum. Es decir, trata de buscar una interpetación absurda a un argumento para hacer parecer que éste es ridículo. Yo no he dicho que haya que prohibir las armas simplemente "porque podrían producir un accidente". He dicho que en un contexto sin una regulación adecuadamente limitativa, la peligrosidad de las armas es mayor que su efectividad como elemento de defensa personal. ¿Por qué prohibimos las carreras a 150 km por hora por ciudad? ¿Por qué prohibimos que los coches se salten un semáforo en rojo? ¿Por qué un avión no está autorizado a volar si no pasa una revisión completa cada poco? ¿Por qué está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol? ¿Por qué prohibimos que pilote un avión un sujeto que no ha obtenido la debida licencia? Pues porque en todas esas situaciones, la posibilidad de que se produzca un accidente es intolerablemente alta.

La historia del rey tirano que fue derrocado

viernes, 26 de septiembre de 2008

La canción "Viva la vida" de Coldplay fue lanzada en mayo de este año y sus fans se han preguntado qué significado tendrá su letra. Hay quien dice que no es más que un homenaje a los revolucionarios ilustrados que acabaron con el absolutismo; otros aseguran que es algo más actual y se trata de una crítica a George Bush; los más antiamericanos dicen que es un vaticinio de la caída de EEUU como potencia, y los más cristianos aseguran que es la historia de Dios encarnándose en Jesucristo. La imaginación de los fans de un grupo no tiene límites, y a cada cual se le ocurren magufadas más gordas, pero lo cierto es que la canción es bastante buena. Dejo abajo la traducción.




Antes dirigía el mundo,
Los mares se elevaban cuando yo lo ordenaba,
Ahora duermo solo en la madrugada,
Barro las calles que antes poseía.

Solía lanzar los dados,
Sentía el miedo en los ojos de mis enemigos,
Oía a la multitud cantar:
“¡Ahora el viejo rey ha muerto! ¡Viva el nuevo rey!”

Durante un minuto tuve la llave,
Al siguiente, las murallas se habían cerrado ante mí.
Y descubrí que mi castillo se levantaba
sobre pilares de sal y arena.

Oigo el tañido de las campanas de Jerusalén,
Los coros de la caballería romana están cantando,
Sed mi espejo, mi espada, mi escudo,
mis misioneros en un territorio extranjero.

Por algún motivo no lo puedo explicar,
Una vez que vas allá,
Ya no queda ni una, ni una palabra honesta,
Y eso sucedía cuando yo dirigía el mundo.

Yo era el viento malvado y salvaje
que derribaba las puertas y entraba,
Destruía las ventanas al sonido de tambores,
El Pueblo no podía creerse en qué me convertiría.

Los revolucionarios piden
mi cabeza en bandeja de plata,
Sólo soy una marioneta en una solitaria cuerda.
¿Quién querría ser rey?

Oigo el tañido de las campanas de Jerusalén,
Los coros de la caballería romana están cantando,
Sed mi espejo, mi espada, mi escudo,
mis misionarios en un territorio extranjero.

Por algún motivo no puedo explicar
por qué San Pedro no dirá mi nombre,
Ya no queda ni una, ni una palabra honesta,
Y eso sucedía cuando yo dirigía el mundo.

Reflexiones sobre el derecho a portar armas

jueves, 25 de septiembre de 2008


A menudo, cuando se habla del derecho a portar armas, se hace referencia a la necesidad de tener un arma de fuego para protegerse de posibles agresores. La cuestión no tiene poca importancia: hay quien sostiene que ante la posibilidad de que aparezca un agresor armado, la mejor forma de estar prevenidos es tener la posibilidad de estar en igualdad de condiciones. No obstante, parece bastante probable que en caso de eliminar las restricciones del mercado de armas, se produjera lo que Hobbes llamó una "carrera hacia el abismo".

Imaginemos que el Parlamento aprobase ahora una ley que eliminase cualquier restricción a la tenencia y porte de armas en nuestro país. ¿Cuál sería la consecuencia si yo soy un ciudadano que evalúa la nueva situación? Pueden darse cuatro posibles situaciones:

Yo tengo un arma, y mis vecinos no. Seguridad máxima.
Yo no tengo un arma, y mis vecinos tampoco. Seguridad alta.
Yo tengo un arma, y mis vecinos también. Seguridad baja.
Yo no tengo un arma, pero mis vecinos sí. Seguridad mínima.

Aquí surge el primer problema: la situación deseable es la primera. Todos deseamos tener un arma y que nuestros vecinos no la tengan, porque así estaríamos en la situación de máxima ventaja. Sin embargo, al pensar todos lo mismo, en vez de encontrarnos en el primer escenario, pasaríamos al tercero, en el que la seguridad general desciende por debajo de lo aceptable. Al buscar todos la máxima seguridad, conseguimos un nivel insuficiente de ésta. Es lo que se llama un "conflicto de acción colectiva". En estos casos, la situación óptima sólo puede ser ocupada por un grupo reducido de individuos. Al buscar todos esa situación beneficiosa, lo único que logramos es colocarnos en una situación peor que la inicial.

En la situación inicial, el nivel de seguridad era relativamente alto (nadie tiene armas de fuego, salvo algún malhechor concreto); al final, todos vamos armados para no encontrarnos en la situación de mayor desventaja. Está claro que todos preferiríamos la situación segunda que la tercera, pero no podemos acceder a ella porque depende de lo que hagan los demás. Esta falta de limitación incentiva que se produzca una auténtica "carrera armamentística" entre los ciudadanos que desconfían del uso que los otros puedan hacer de sus armas.

Desde la perspectiva del "conflicto de acción colectiva" se explica también, por ejemplo, el motivo por el que en caso de incendio es más inteligente salir tranquilamente en fila india que correr todos hacia a salida, aunque nos parezca contradictorio. Al correr hacia la salida, nos colocamos en una situación de ventaja sobre los demás; éstos, tratarán de hacer lo mismo, consiguiendo únicamente generar un embotellamiento que nos perjudique a todos.

¿Y cuál es la solución a los conflictos de acción colectiva? Pues las normas. Al contrario de lo que algunos pretenden hacernos creer, las normas no son "opresivas", sino que pueden tener una clara funcionalidad organizativa, desincentivando comportamientos que provocan situaciones desfavorables para el conjunto de la sociedad. Para evitar que todos huyamos corriendo hacia la salida en caso de incendio, hemos inventado protocolos de actuación en caso de emergencia; de la misma manera, la solución para evitar que todos nos armemos hasta los dientes para contrarrestar el poderío del vecino se halla, precisamente, en establecer una norma de "no proliferación" que restringa el acceso a las armas de fuego.

El patriotismo constitucional y el fin del golpismo

viernes, 19 de septiembre de 2008


Nos ha planteado Citoyen un reto en su blog, a fin de que otros bloggers traten de dar una respuesta satisfactoria al asunto. La pregunta que nos presenta este compañero es la siguiente: ¿Cómo es posible que las democracias occidentales hayan conseguido poner coto al intervencionismo militar? ¿Qué hace que los militares se mantengan fieles a las órdenes del poder civil?

Yo, humildemente, tengo una visión sobre el asunto. Comencemos centrando el tema.

Las sociedades democráticas liberales son regímenes constitucionales. Lo es también Reino Unido, aunque no tenga un texto constitucional escrito, puesto que todo su ordenamiento se basa en una serie de valores que orientan el contenido de la legislación y las decisiones jurisdiccionales. Las democracias constitucionales recogen en sus cartas magnas los valores superiores que deben informar todo el sistema político nacional. Estos países cuentan con un catálogo de libertades que da a los individuos un amplio margen de autodeterminación personal, a la vez que articula una serie de derechos políticos que permiten a los ciudadanos influir políticamente en el Estado. Son, por tanto, sistemas políticos que gozan de gran legitimidad popular. No es extraño que las naciones que se rigen por esta clase de sistemas estén orgullosas de ello y conviertan la Libertad en uno de sus valores intrínsecos.

Aquí quisiera señalar un concepto creado en el siglo XX pero que puede ser aplicado retroactivamente a épocas anteriores: me refiero al concepto del “Patriotismo Constitucional”, ideado por Jürgen Habermas. Este pensador alemán formuló esta idea con el objetivo de darle a la identidad nacional alemana un contenido democrático después de la caída del nazismo. El patriotismo alemán se había visto contaminado por el extremismo nazi, por lo que para la supervivencia de Alemania como democracia (o como un Estado unido) era imprescindible desvincular el patriotismo alemán del totalitarismo. Esto es, era necesario hacer compatible el sentimiento alemán con el sentimiento demócrata. Es por ello que se impulsó la creación de una identidad alemana que girase en torno a los principios constitucionales de libertad, justicia y democracia.

Sin embargo, aunque este término surgió a mediados del siglo XX, puede ser perfectamente aplicable a otros casos históricos previos. Puede ponerse como ejemplo el notable caso de los Estados Unidos. El “ideal americano” es entendido como el ideal de la Libertad. Ser estadounidense significa vivir en un país libre. El verdadero patriotismo americano consiste en seguir la ley, producto de la voluntad popular y obedecer lo que disponga el Presidente, elegido por el pueblo. Algo similar sucede en Gran Bretaña y su largo período liberal/democrático ininterrumpido durante siglos. La identidad inglesa/británica procede, ya desde la época medieval, del pactismo entre el poder real y el poder popular. El Reino Unido se articula desde hace siglos como una monarquía constitucional, en la que el monarca respeta la voluntad popular emanada del Parlamento. Es esta peculiaridad (los ingleses ya tenían un Bill of Rights cuando el resto de Europa estaba bajo el cetro de la monarquía absoluta) la que define su identidad nacional y en torno a ella se construye su patriotismo.

Algo similar sucede en Francia con su sacralización de la República. Y prácticamente ocurre lo mismo es la España actual con la Transición y la Constitución.

En aquellos sistemas en los que la Constitución y el Sistema Democrático de Libertades han sido elevados a la categoría de “sagrados”, los golpes militares prácticamente no existen. Es en la mentalidad del Ejército donde queda más patente la influencia que tiene el patriotismo en su funcionamiento. Aquellas naciones donde el nacionalismo se articula en torno a ideales no democráticos, sino religiosos o étnicos, la probabilidad de un golpe de Estado aumenta peligrosamente.

El motivo es que los militares juran serle fieles a la Patria. Cuando la esencia de la Patria es la democracia liberal, los militares son conscientes de que su nacionalismo lleva implícito la obligación de ser fieles al poder civil. Insubordinarse significa ser antipatriotas y traicionar el juramento de lealtad, puesto que las órdenes del gobierno civil son, a la vez, las órdenes de la Patria. Cuando no existe esa esencia liberal democrática, los militares condicionan su lealtad al poder a que éste se someta a los principios fundamentales nacionales. Si el gobierno no respeta estas esencias, el militar se siente obligado a intervenir, sin sentirse un traidor.

Es por tanto este patriotismo constitucional el que ha alejado a los ejércitos del golpismo y el que ha alejado a nuestro país de la nefasta tradición militar intervencionista del pasado. Puede que aún haya que esperar algunos años para que este concepto cale totalmente en nuestras Fuerzas Armadas, pero resulta indudable que nuestros generales han hecho suya la misión constitucional que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 8, así como su sometimiento a las órdenes del Gobierno (art. 97 CE).

Magistrados que olvidan artículos constitucionales

jueves, 18 de septiembre de 2008


El 11 de febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJPA) dictó una sentencia cuyos Fundamentos de Derecho dejan bastante que desear. Se trata de la Sentencia 197/2008, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La decisión judicial resuelve un recurso contra la resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de Principado de Asturias, que desestimaba la objeción de conciencia del alumno a las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía y que le obligaba cursarlas.

Dejando a un lado los Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero --que resuelven una cuestión procedimental--, quisiera centrarme particularmente en el FD Cuarto, donde el TSJPA sigue un razonamiento jurídico muy cuestionable.

Los recurrentes fundamentaban su pretensión en una supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (art. 16 CE) y a que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de sus padres (art. 27.3 CE). Según la parte recurrente, estos derechos otorgarían la posibilidad de objetar aquellas asignaturas que contrariasen las convicciones morales de sus padres.

Ante esto, los representantes del Principado y del Estado aducen varias sentencias, entre las que destaca la STC 321/1994, en la que nuestro Tribunal Constitucional dijo que no podía entenderse que del art. 16 CE (derecho a la liberad de conciencia y religión) surgía directamente un derecho a la objeción de conciencia, puesto que ello llevaría a relativizar los mandatos legales. Es decir, si uno pudiese interponer su derecho a la libertad de conciencia frente a las obligaciones impuestas por las leyes, para objetar su cumplimiento, la fuerza de la ley decaería y se relativizaría. Es por ello que el TC afirmó que el derecho a la objeción de conciencia emanaba no del artículo 16, sino del artículo 30.2 CE y sólo podía referirse a la objeción al servicio militar.

Esta argumentación es contraatacada por el TSJPA con una cita de la STC 53/1985 (en la que el TC reconoció el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que practicasen el aborto), donde se decía que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho a la libertad ideológica y religiosa. Esta cita, contenida en la más que cuestionable sentencia sobre el aborto --en la que el TC se excedió de sus funciones al decir que la protección del nasciturus debía revestir forma penal--, es la base del conflicto sobre si se puede objetar a EpC o no. El Tribunal añade que el artículo 16.3 CE dice que los poderes públicos deben ser neutrales en materia religiosa.

El problema surge básicamente porque el Tribunal Superior de Justicia ignora en toda su argumentación la existencia de otro precepto constitucional que debería tener en cuenta: el artículo 27.2 CE establece un mandato para los poderes públicos a fin de que la Educación verse sobre "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Es este artículo, y no el 27.3, el que debe orientar el contenido de la enseñanza. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la Educación no como un deseo de que los alumnos tengan muchos conocimientos, sino de que tales conocimientos sirvan para la formación de ciudadanos capaces de convivir en democracia. Así pues, configurado el derecho a la Educación como un derecho de los alumnos a ser formados en los valores democráticos, no puede entenderse que los padres puedan objetar en nombre de sus hijos cada vez que consideren que el contenido de una asignatura ataca su credo religioso o moral. Si por algún motivo la asignatura excediese lo dispuesto en el art. 27.2 y vulnerase los artículos 16 y 27.3 de la Constitución, lo que debe hacerse es cuestionar su contenido ante el Tribunal Constitucional, no objetar.

Lo mejor de todo es que al final, el TSJPA se las arregla para desestimar el recurso por la inconcreción con la que fue redactado el recurso (los recurrentes no dicen porqué la asignatura vulnera su derecho fundamental en su caso concreto).

El sueño de un mundo peor

domingo, 7 de septiembre de 2008


La reciente difusión del libertarianismo en nuestro país, en lo que se ha denominado la "eclosión liberal", ha impulsado la aparición de un pequeño grupo de presión que trata de publicitar la necesidad de reducir el papel del Estado, en algunos casos llegando a apelar directamente por su desaparición. El libertarianismo tiene dos vertientes, la minarquista y la anarquista. Mientras que la primera aboga por un gobierno limitado, reduciendo al mínimo sus funciones, los segundos van un paso más allá y directamente piden su supresión.

La óptica anarquista consiste esencialmente en un iusnaturalismo llevado al extremo, en el que no sólamente se defiende la existencia de unos derechos naturales anteriores al Estado, sino que se argumenta que la mera existencia del Poder Público ya es una transgresión de tales derechos. La visión libertariana es descrita por Rothbard en su obra La Ética de la Libertad, cuando se refiere a la "Crusoe Social Philosophy". El hombre, en estado de naturaleza, tiene un poder ilimitado sobre su cuerpo y sobre aquellos recursos naturales inexplotados que halla y transforma. De ahí, Rothbard deduce un derecho irrestricto de todo hombre sobre su cuerpo y sobre su propiedad, si bien no puede alienar su propia voluntad. Se comete aquí un profundo error lógico: no es posible pasar de un enunciado descriptivo a un enunciado prescriptivo. No tiene sentido extraer una norma de un hecho. Que algo sea de una manera no significa que deba ser así.

Pero el problema del anarco-capitalismo no se reduce a una imposibilidad lógica de hallar una justificación para la supuesta juridicidad natural de su ética. Toda sociedad requiere de un orden legal que la organice y oriente el comportamiento de los individuos. El problema surge cuando nos preguntamos quién crea la legislación en un ordenamiento anarquista.

I. El problema de la legislación

En un ordenamiento anárquico no existen instituciones públicas con capacidad de imponer obligaciones de forma unilateral. En su lugar, aparecen compañías privadas que suplen la labor del Estado, ofreciendo servicios privados de seguridad y de justicia. En uso de su soberanía individual, cada ciudadano contrata los servicios del ordenamiento jurídico privado que más le interese. Cada una de estas empresas jurídicas (llamémoslas así) posee un cuerpo de jueces contratados y, si acaso, una fuerza coactiva encargada de hacer cumplir las sentencias de los jueces. En ausencia de legislación positiva, la fuente del derecho es la jurisprudencia de cada empresa, encargada de dirimir en qué sentido debe aplicarse el Derecho Natural. Cada empresa jurídica contrata a los jueces que desee (no es descartable tampoco la posibilidad de que existan "jueces autónomos") e interpreta el derecho como le dé la gana. Aquí surge el primer problema. ¿Cómo nos aseguramos de que el derecho aplicado por cada empresa jurídica sea "liberal"? De alguna manera, algunos ancaps como Rothbard han insinuado la posibilidad de que las empresas acuerden un "Código Básico" de Derecho Natural para todas ellas. Sin embargo, al no haber instituciones públicas, no existe ninguna forma de asegurarnos de que las compañías privadas realmente cumplan el código, con lo cual no deja de ser mero papel mojado. La realidad sería que no hay forma de controlar la interpretación que los jueces hagan del Derecho Natural.

Ante esto, ¿cabe alguna esperanza de que los ordenamientos jurídicos de las distintas empresas sean "liberales"? Supongamos que soy el dueño de una empresa textil y estoy buscando un buen sistema jurídico para mi empresa. Necesito unos jueces que cubran mis intereses como empresario, así que buscaré una compañía jurídica que, cuando se plantee un conflicto con mis empleados (o con otras empresas) falle a mi favor. Ahora supongamos que dispongo de dos opciones: una empresa que me ofrece una legislación de corte liberal y que protege ampliamente a mis empleados de mis abusos; y otra que me ofrece una legislación de corte cuasi-esclavista. ¿Cuál escogería el empresario?

Imaginemos ahora la situación contraria: soy un empleado de una empresa y necesito contratar un sistema jurídico privado. Tengo dos ofertas. La primera es la de una empresa de corte liberal, donde tengo derechos y obligaciones por igual; la segunda me ofrece una legislación de corte marxista, donde los derechos de los empleados priman sobre los del empresario. ¿Cuál escogería el trabajador?

Como se ve, la propuesta libertaria incentiva la aparición de empresas que oferten legislaciones antiliberales. La demanda de leyes liberales desaparecería, puesto que cada individuo, a la hora de contratar, estaría velando por sus propios intereses, que no tendrían porqué incluir la protección de los derechos de los demás. No sería extraño, por tanto, que las compañías liberales se hundiesen y el mercado quedase repleto de empresas que ofrecerían sistemas dictatoriales privados.

II. El problema de la soberanía personal

El anarquismo de mercado se basa en la soberanía del individuo: cada persona sólo se somete a las leyes a las que quiera hacerlo de forma voluntaria. Es decir, no cabe la posibilidad de que a nadie le sea impuesta una legislación que no haya aceptado cumplir. Volvamos al ejemplo anterior: tenemos al empresario, que ha contratado un servicio jurídico esclavista, y a un empleado, que ha contratado una legislación marxista. Imaginemos que surge un conflicto entre el empresario y el empleado. ¿A qué juez acudimos, al del empresario o al del trabajador? Dicho de otra manera: ¿Quién tiene jurisdicción sobre el caso? ¿Qué ley aplicamos? Si no sabemos qué juez tiene competencia para conocer del caso, no valdrá de nada la existencia de empresas jurídicas privadas. Es más, la propia naturaleza de los conflictos invalida la soberanía individual: si yo sólo me someto a las normas que creo oportuno, y tú haces lo mismo, ¿qué pasa si tus leyes entran en conflicto con las mías? Si mi juez se encarga de resolver el conflicto, ¿no estoy imponiéndote mis leyes? ¿No pasaría lo mismo si es tu juez quien me impone a mí tus leyes?

Esto ya sucede en el sistema actual en el Derecho Internacional Privado y ocasiona no pocos problemas. Pongamos un ejemplo prototípico: un español se casa con una estadounidense en Francia, se van a vivir a Canadá, pero poseen una segunda vivienda en Andorra. Llegado el momento, deciden divorciarse: ¿qué tribunal tiene jurisdicción para tramitar el divorcio? ¿Qué ley nacional se aplica? (Ejemplo puesto por Dreiu Godefridi, miembro del Institut Hayek). El embrollo es bastante complejo y para solucionarlo existe el Derecho Internacional Privado. Nuestro Código Civil recoge, por ejemplo, en sus artículos 8 a 12 una serie de normas para resolver estos conflictos que no tienen porqué coincidir con las de otros ordenamientos nacionales. Esta clase de conflictos son, en general, excepcionales y no siempre de fácil solución. ¿Qué pasaría si, en vez de tener cada nación su propio ordenamiento legal, lo tuviera cada individuo? Hasta los conflictos más pequeños se harían irresolubles. ¿Cómo se compra un coche si el vendedor piensa que el negocio se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades y el comprador piensa que es un contrato formal? Cada vez que comprásemos algo tendríamos que informarnos no sólo de las características del producto, sino también cómo celebra los contratos la otra parte y ver si ello es compatible con nuestro propio sistema, porque en caso de conflicto, la visión legal que cada uno tenga puede determinar quién tiene razón.

III. La desprotección de los derechos individuales

Todo esto nos lleva a un problema no más pequeño: ¿qué sucede con aquellos que no tienen dinero para contratar un servicio judicial? Es de suponer que en una sociedad anarco-capitalista habrá pobres, como en todas las sociedades. ¿Cómo se protege a una persona que no ha contratado un servicio de protección? Creo demasiado aventurado asegurar que existirían organizaciones o personas que lo hicieran pro bono, porque aunque fuese cierto, es bastante probable que su capacidad de servicio fuese muy limitada y no pudiesen dar cobertura a todos los desfavorecidos. El mismo problema se plantea con los delitos de homicidio o asesinato cuando la víctima no posee a nadie cercano interesado en la resolución del crimen: si nadie denuncia el hecho, es poco probable que la empresa lo vaya a investigar por su cuenta. ¿Acaso no es lógico pensar que la compañía tratará de ahorrarse el dinero que cuesta la investigación si nadie se lo exige? De hecho, esa es la actitud que tienen la mayor parte de las compañías de seguros. Así que... ¿Cómo se protegen los derechos de estos ciudadanos?

Por qué Cuba no es una democracia (II)

martes, 2 de septiembre de 2008


Este artículo es una continuación de Por qué Cuba no es una democracia (I).

La semana pasada comencé a reflexionar sobre las insuficiencias constitucionales de la Constitución de la República de Cuba (CRC), comparando dichas carencias con la redacción (más adecuada y garantista) que ha dado la Constitución Española de 1978. Aprovecho para señalar que este post (y el anterior) no pretenden ser análisis jurídicos exhaustivos sobre la organización constitucional de Cuba, sino una simple mención de los principales problemas que he detectado al echarle un vistazo a la Carta Magna cubana, especialmente al compararla con el texto fundamental español.


La Constitución cubana no garantiza la existencia del habeas corpus

Artículo 58
La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional.
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes.
El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

El artículo 58 es todo lo que la Constitución cubana dice acerca de la protección del derecho a la libertad. No garantiza la existencia del procedimiento del habeas corpus. ¿Y qué es el habeas corpus? Pues se trata de una institución jurídica cuyo objetivo es proteger el derecho a la libertad y a la vida frente a aquellos actos del poder público que pudiesen poner en peligro dichas garantías. Apareció por primera vez en la Carta Magna inglesa de 1215, aunque su origen se remonta a instituciones similares en el Imperio Romano. ¿Y en qué consiste? Pues el habeas corpus es, en esencia, un procedimiento que permite a cualquier detenido solicitar ser puesto a disposición judicial por considerar que su detención ha sido ilegal. Un ejemplo genérico es el siguiente: supongamos que la policía arresta a un ciudadano de manera ilegal. Este ciudadano podría interponer, por sí mismo o a través de un tercero, una solicitud de habeas corpus ante el tribunal correspondiente, alegando que ha sido detenido de manera ilegal (y explicando el porqué) y pidiendo pasar inmediatamente a disposición judicial, para que sea el juez quien evalúe si la detención ha sido legal o si, por el contrario, el detenido debe ser puesto en libertad.

Sin el derecho de habeas corpus se da la circunstancia de que los tribunales no pueden controlar la legalidad de las detenciones hasta que la policía no pone al detenido a disposición judicial. No creo que haga falta explicar que sin el habeas corpus, la protección del derecho a la libertad personal es muy insuficiente. Como comparativa, esta es la protección que da la Constitución Española al derecho a la libertad personal:

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión incondicional.

Como se puede ver, si se compara con el texto cubano, nuestra Constitución no sólo establece una reserva de ley y una garantía de respeto de la integridad personal del detenido (como hace la CRC), sino que además establece el plazo máximo de 72 para la detención preventiva, garantiza que el detenido será informado de sus derechos y de las razones del arresto, asegura el derecho a un abogado, protege el derecho a no ser obligado a declarar, garantiza la existencia del habeas corpus, y obliga al Parlamento a redactar una ley que establezca un plazo máximo para la prisión provisional.

Cabe señalar que el artículo 59 de la Constitución de la República de Cuba dice:

Artículo 59
Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen.
Todo acusado tiene derecho a la defensa.
No se ejercerá violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a declarar.
Es nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables incurrirán en las sanciones que fija la ley

Sin embargo, de la redacción del artículo se deduce que sólo es aplicable a los acusados de haber cometido un delito, y no a los simplemente detenidos (por lo menos en los dos primeros apartados). Debe tenerse en cuenta que no es lo mismo estar acusado que estar detenido. La detención es una privación temporal de la libertad ambulatoria (de movimiento) que es realizada por la Autoridad con la finalidad de poner a un ciudadano a disposición de la autoridad judicial ante la sospecha de que ha cometido un delito. Sin embargo, la detención no implica una imputación del delito. Solamente se convierte el "detenido" en "acusado" cuando el titular de la acción penal (el Ministerio Fiscal o la acusación particular) presenta cargos contra él ante el tribunal correspondiente. Un detenido puede ser arrestado, interrogado, y luego dejado en libertad sin que se le impute ningún delito. El artículo 59 CRC parece proteger únicamente los derechos de los acusados, pero no de los detenidos.


Los parlamentarios no son inviolables por sus opiniones

Artículo 83
Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no está reunida aquella, salvo en caso de delito flagrante.

El artículo 83 establece lo que se llama la "inmunidad parlamentaria". Ningún diputado puede ser detenido, salvo caso de delito flagrante, salvo que lo autorice la Asamblea. El motivo de esto es claro: se pretende evitar que los diputados puedan ser arrestados, desdibujando así la composición del Poder Legislativo (ver el archiconocido caso del incendio del Reichstag en 1933 y la consecuencia de la detención de los diputados de la oposición). Sin embargo, la CRC olvida la otra garantía esencial: la inviolabilidad por las opinones manifestadas por los diputados en el ejercicio de sus funciones.

¿Para qué existen en España estas prerrogativas parlamentarias (artículo 71 CE)? La inmunidad parlamentaria existe para evitar que la composición del Parlamento pueda ser alterada, como ya he dicho. No debemos olvidar que los diputados y senadores representan la voluntad popular, y que la detención de uno de ellos supone la distorsión de dicha voluntad. Así pues, la ausencia de un parlamentario puede alterar el juego de mayorías políticas, con las consecuencias que ello tendrá sobre la legislación y la vida política del país. Pero ojo: que un diputado/senador no pueda ser detenido o encausado no significa que, una vez dejado el cargo, no pueda ser procesado. La inmunidad parlamentaria termina cuando el representante abandona el cargo y, lógicamente, se le pueden pedir cuentas.

La inviolabilidad parlamentaria, sin embargo, va más allá. ¿En qué consiste? Un representante no puede ser jamás encausado por las opiniones manifestadas en ejercicio de su cargo. ¿Por qué existe? Existe para que ningún parlamentario se calle una opinión. La labor parlamentaria implica, lógicamente, un esfuerzo crítico que obliga al diputado/senador a atacar a sus adversarios, muchas veces defendiendo posiciones que rozan los límites de la libertad de expresión. Sin embargo, en una sociedad democrática, la labor crítica de los miembros del Parlamento es tan importante, que debemos evitar que los diputados se autocensuren ante el miedo a ser acusados, una vez abandonado el cargo, de alguna clase de delito de opinión. La inviolabilidad parlamentaria por las opiniones vertidas por el ex-diputado/senador cuando ostentaba el cargo, no desaparece una vez abandonado el escaño, precisamente porque su función es asegurarle al representante que jamás será enjuiciado por las opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones.

Probablemente por eso, Iñaki Anasagasti, ex-diputado y ahora senador del PNV, no ha sido ni será encausado a pesar de que algunas de sus declaraciones sobre la Corona encajan a la perfección en el artículo 490.3 o en el 491 del Código Penal (aunque no sé si calumniar al Rey en su blog es parte de sus funciones parlamentarias).

Pues bien, esta garantía constitucional, que nuestro ordenamiento protege en el artículo 71.1 de la Constitución, no aparece por ningún lado en la Constitución de la República de Cuba.

Próximamente más.

Por qué Cuba no es una democracia (I)

jueves, 28 de agosto de 2008


Harto de escuchar alguna que otra alabanza al sistema político cubano (incluso proveniente de amigos cercanos), he decidido hacer un repaso de la Constitución de la República de Cuba (CRC en adelante) para demostrar que Cuba no es una democracia, reflexionando sobre algunos aspectos clave de su Carta Magna y comparándolos con lo que dispone nuestra Constitución.


Régimen de partido único


Artículo 5
El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacía los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacía la sociedad comunista.

La CRC establece que Cuba es un Estado monopartidista, en el que el Partido Comunista es la asociación política superior, única autorizada para organizar y orientar al conjunto de la población en una dirección ideológica predeterminada por el texto constitucional. Al no existir posibilidad de constituir un partido disidente, cualquier opción de crear una oposición organizada queda diluida.


Libertad de expresión sometida al socialismo


Artículo 53
Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.
La ley regula el ejercicio de éstas libertades.

La Constitución restringe la libertad de expresión y prensa a los fines de la sociedad socialista. Esta expresión tan difusa elimina cualquier posibilidad de crítica al sistema. Ello se ve agravado por la propiedad estatal de los medios de comunicación. La posibilidad de que existan medios privados es esencial en toda democracia, puesto que sólo estos pueden actuar al margen de los designios del poder. Esto no significa que los medios privados siempre informen mejor que los públicos; lo que esto quiere decir es que sin posibilidad de acudir a distintos medios independientes entre sí para contrastar la información, es imposible que se forme una opinión pública libre. Sin libre acceso a las distintas opiniones existentes en la sociedad, no puede constituirse una democracia. Baste decir que una libertad que sólo permite expresarse en una dirección, no es una libertad. Curiosamente, este artículo se parece muchísimo a otro artículo del Fuero de los Españoles (Ley Fundamental franquista):

Artículo 12.-
Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado.

La cláusula general de anulación de libertades y garantías fundamentales

Artículo 62
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.

Este artículo es la cláusula que anula cualquier clase de libertad que pudiese deducirse del texto constitucional. Esta disposición establece que los derechos constitucionales sólo se pueden utilizar en una dirección. Ojo, esto es especialmente grave, porque anula todas las disposiciones del Capítulo VII (sobre los derechos, deberes y las garantías fundamentales) cuando el ejercicio de éstas se hiciese contra la existencia o fines del Estado socialista. Así pues, el artículo 61 CRC, que establece la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, está limitado por el contenido del artículo 62: se pueden aplicar retroactivamente aquellas disposiciones penales desfavorables cuando el reo lo fuere por motivos políticos. Si algún ciudadano trata de ejercer el derecho del artículo 61 CRC perjudicando al Estado socialista, el artículo 62 lo impide, exigiendo además que el ciudadano sea castigado.

También este artículo tiene un equivalente en el Fuero de los Españoles franquista:

Artículo 33.- El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España.

Libertades desprotegidas

Artículo 56
El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley.

Este artículo está vacío. Es una garantía insuficiente: delega en la ley todo su contenido, de tal forma que el Parlamento puede establecer incontables motivos para acceder a una vivienda sin consentimiento del morador. De facto, es como si no existiese (esto habría que matizarlo, pero en la práctica es así): el Poder Legislativo no se ve limitado por este artículo. Además, recordemos que el artículo 62 establece que ningún derecho puede ejercerse contra el Estado socialista. Para comparar, diré que nuestra Constitución da una regulación garantista y efectiva en el artículo 18.2: "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". El término "flagrante delito" ha sido definido por nuestro TC como la percepción sensorial directa y actual o inminente de la comisión de un delito.

Otro ejemplo de lo mismo:

Artículo 57
La correspondencia es inviolable. Sólo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivaré el examen.
El mismo principio se observará con respecto a las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y telefónicas.

A este artículo le es aplicable lo mismo que señalé para el anterior: es un artículo vacío. No protege nada, puesto que la ley puede dar la regulación que le dé la real gana, y ello teniendo en cuenta que el artículo 62 da carta blanca para violar cualquier derecho constitucional. Nuestra Constitución da una regulación infinitamente más garantista en el artículo 18.3: "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".


Educación políticamente orientada y discriminación ideológica

Artículo 39
El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas sus manifestaciones.
En su política educativa y cultural se atiene a los postulados siguientes:
a) fundamenta su política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal;
(...)
c) promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones y la preparación de los niños, jóvenes y adultos para la vida social. Para realizar este principio se combinan la educación general y las especializadas de carácter científico, técnico o artístico, con el trabajo, la investigación para el desarrollo, la educación física, el deporte y la participación en actividades políticas, sociales y de preparación militar;

La Constitución cubana cercena lo que para nosotros es el más elemental derecho a la libertad de conciencia de los niños, al orientar ideológicamente a los estudiantes a un ideario político concreto, así como a la educación patriótica, para lo cual, el Estado puede, incluso, obligar al alumno a participar en actividades políticas o militares. Para que se vea comparativamente el grado de ideologización al que llega la CRC, baste señalar que nuestra Constitución establece en el artículo 27.2 que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Se puede observar la inmensa diferencia entre nuestro sistema, ideológicamente aséptico (nuestros estudiantes simplemente deben aprender a respetar y a convivir), y el modelo de adoctrinamiento cubano. Esta orientación ideológica, presente en toda la Constitución, se ve reflejada en los artículos 42 y 43 CRC que, al recoger las circunstancias por las que nadie puede ser discriminado, no incluye la opinión:

Artículo 42
La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.
Las instituciones del Estado educan a todos, desde la mas temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos.

La Constitución Cubana, al contrario que la nuestra (artículo 14 Const. Española), no prohíbe la discriminación por razón de opinión.

Próximamente, más.